El Poder Judicial condena a César Villanueva a cuatro años de prisión tras encontrarlo culpable del delito de tráfico de influencias agravado. La decisión fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que determinó que el ex presidente del Consejo de Ministros actuó como instigador para intentar influir de manera ilegal en investigaciones fiscales que se seguían en su contra.

¿Por qué el Poder Judicial condena a César Villanueva?

La sentencia señala que los hechos ocurrieron durante el año 2019. Según la investigación, César Villanueva habría buscado contactar a altos funcionarios del Ministerio Público con el propósito de obtener información reservada y frenar las investigaciones relacionadas con presuntos sobornos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con la resolución judicial, el objetivo era acceder al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, quien en ese momento dirigía las investigaciones sobre los supuestos pagos ilícitos realizados para favorecer la adjudicación de la carretera San José de Sisa, obra ejecutada cuando Villanueva era gobernador regional de San Martín entre los años 2007 y 2013.

Además de la pena privativa de libertad, el exjefe del Gabinete Ministerial recibió cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o función pública.

¿Qué otras personas fueron sentenciadas?

La decisión de la Corte Suprema también alcanzó a otros implicados en el caso. El exfiscal Alberto Rossel Alvarado fue condenado a seis años de prisión por su participación en los hechos investigados.

Por su parte, el exfiscal provincial Ronald Chafloque Chávez recibió una condena de cuatro años de cárcel. Asimismo, el empresario José Santisteban Zurita fue sentenciado a tres años de prisión por colaborar en las acciones materia de investigación.

Las autoridades concluyeron que todos participaron, en distintos niveles, en una presunta red que buscó interferir en las investigaciones fiscales relacionadas con el caso Odebrecht.

¿Qué señala la sentencia de la Corte Suprema?

La Sala Penal Especial explicó que la condena de cuatro años impuesta a César Villanueva corresponde al mínimo establecido por el Código Penal para el delito de tráfico de influencias agravado.

Los magistrados recordaron que este tipo de delito, considerado un acto de corrupción de funcionarios, puede ser sancionado con penas de hasta ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad de cada acusado.

Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma su posición frente a los delitos contra la administración pública y marca un nuevo capítulo en los procesos judiciales derivados del caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha afectado al Perú en los últimos años.