Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, explicó que el reclamo del sector no comenzó recientemente. Según señaló, desde el año 2024 los transportistas advertían que existía una crisis económica que avanzaba al mismo tiempo que los problemas de inseguridad, extorsión y violencia que afectan al rubro. El dirigente aseguró que en diversas oportunidades presentaron propuestas y sostuvieron reuniones con autoridades para buscar soluciones.

¿Por qué los transportistas aseguran que el Gobierno incumplió acuerdos?

De acuerdo con Vargas, durante los últimos meses se realizaron conversaciones técnicas con representantes del Ejecutivo para construir una propuesta que incluya subsidios focalizados para distintos sectores del transporte. Según afirmó, incluso existieron compromisos para emitir decretos antes de finales de abril.

Sin embargo, el dirigente cuestionó que el decreto finalmente publicado beneficie al transporte de carga y al transporte interprovincial, pero deje fuera al transporte urbano de Lima y Callao. Para el gremio, esta exclusión representa una falta de atención a una problemática que ya venía acumulando consecuencias económicas desde hace meses.

Vargas sostuvo que actualmente existe reducción de operaciones, menor disponibilidad de conductores y dificultades financieras dentro de las empresas. Por ello, aseguró que la paralización del próximo 2 de junio sigue en pie y que la medida responde a una situación que, según los gremios, el Estado no atendió oportunamente.

El conflicto queda nuevamente sobre la mesa: mientras el Ejecutivo defiende el alcance del subsidio, los transportistas exigen respuestas inmediatas. La pregunta que queda abierta es si todavía existe espacio para una negociación que evite mayores afectaciones a la ciudadanía.