Los gremios de transporte piden reunión urgente con Keiko Fujimori para exponer la difícil situación que enfrenta el transporte urbano debido al crecimiento de las extorsiones y del crimen organizado. Los representantes de organizaciones aseguran que la inseguridad afecta a miles de conductores, empresarios y pasajeros en Lima y Callao. Además, esperan que la presidenta electa escuche sus propuestas antes del inicio de su gestión para frenar una problemática que cada día deja más consecuencias.

¿Por qué los gremios de transporte piden reunión urgente con Keiko Fujimori?

Once gremios del transporte urbano solicitaron un encuentro con la presidenta electa para presentar un diagnóstico de la crisis que vive el sector. Según explicaron, las extorsiones, el cobro de cupos y las amenazas contra conductores han puesto en riesgo la continuidad del servicio.

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, indicó que enviaron hasta tres cartas para solicitar una reunión. Sin embargo, afirmó que todavía no reciben una respuesta oficial.

El dirigente recordó que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio y señaló que esperan dialogar con ella antes del inicio de su mandato para plantear soluciones concretas.

¿Cómo afectan las extorsiones al transporte público?

Los representantes del sector denunciaron que las organizaciones criminales exigen pagos diarios para permitir que los vehículos circulen con normalidad.

Según Vargas, los montos comenzaron con pagos de 20 y 30 soles por unidad. Con el paso del tiempo, esas cifras aumentaron hasta llegar a 80 soles diarios por cada vehículo.

Esta situación incrementa los costos de operación y genera un ambiente de constante temor entre conductores y empresarios. Además, perjudica a miles de pasajeros que dependen del transporte público para movilizarse todos los días.

Empresas reducen sus operaciones por falta de seguridad

La inseguridad también golpea la economía de las empresas de transporte. De acuerdo con los gremios, muchas compañías solo mantienen entre el 40 % y el 50 % de sus unidades en circulación.

El resto de la flota permanece detenido debido a las amenazas y a la falta de garantías para trabajar. Esta reducción disminuye la oferta del servicio y provoca mayores tiempos de espera para los usuarios.

Los dirigentes también advirtieron que varias empresas atraviesan problemas económicos. Algunas suspendieron temporalmente sus actividades y otras dejaron de operar porque ya no pueden asumir los costos derivados de la criminalidad.

¿Qué cambios solicitan los transportistas?

Además de pedir una reunión con la futura mandataria, los gremios plantearon reformas en las instituciones encargadas de combatir el delito.

Los representantes consideran necesario fortalecer el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado.

Asimismo, cuestionaron que algunos presuntos delincuentes recuperen su libertad poco después de ser detenidos. También expresaron su preocupación por denuncias que involucran a algunos agentes policiales en presuntos actos de extorsión.

Para los dirigentes, estas situaciones debilitan la confianza de los ciudadanos en las autoridades y dificultan la lucha contra la delincuencia.

Gremios esperan una respuesta de la presidenta electa

Los transportistas afirmaron que enviaron solicitudes de reunión antes, durante y después del proceso electoral. No obstante, indicaron que hasta ahora no obtienen una respuesta.

El sector espera presentar propuestas para fortalecer la seguridad, proteger a los trabajadores del transporte y garantizar un servicio estable para millones de pasajeros.

Los dirigentes insistieron en que la participación del Estado será clave para reducir las extorsiones y devolver la tranquilidad a quienes trabajan diariamente en el transporte urbano de Lima y Callao.