El uso de correos institucionales en el Estado fue restringido oficialmente por el Gobierno peruano, luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobara una nueva directiva que busca reforzar la seguridad digital y proteger la información pública.

La norma establece que las cuentas de correo oficiales solo podrán ser utilizadas para funciones laborales y actividades vinculadas al servicio público. Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir riesgos como el robo de información, fraudes digitales y suplantación de identidad.

¿Qué cambios trae el uso de correos institucionales en el Estado?

La nueva directiva impide que los trabajadores públicos utilicen sus correos institucionales para actividades personales. Esto incluye el registro en redes sociales, plataformas de compras en línea, sitios de apuestas, foros de entretenimiento y otros servicios digitales ajenos a la gestión pública. Además, queda prohibido utilizar estas cuentas para fines comerciales, propaganda política o envío de mensajes masivos no autorizados.

Según la PCM, estas prácticas aumentan la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del Estado y pueden comprometer información sensible.

¿Para qué sí se podrán usar los correos institucionales?

Los servidores públicos solo podrán utilizar sus cuentas de correo para tareas relacionadas directamente con sus funciones laborales. Esto incluye la gestión de documentos oficiales, coordinación interna entre instituciones y comunicaciones vinculadas al servicio público.

El objetivo principal es asegurar que toda la información institucional se mantenga dentro de un entorno seguro y controlado.

¿Qué medidas de seguridad implementa la PCM?

La directiva también incorpora nuevas herramientas para fortalecer la seguridad digital en el Estado. Entre ellas destacan el bloqueo automático de correos sospechosos, la implementación de sistemas de doble autenticación y el uso obligatorio de contraseñas más seguras.

Asimismo, las entidades deberán realizar copias de respaldo de manera periódica para evitar la pérdida de información ante posibles ataques informáticos.

¿Qué otros contenidos quedan prohibidos?

La norma también establece restricciones sobre el tipo de información que puede circular mediante correos institucionales. Queda prohibido enviar mensajes ofensivos, rumores, bromas o contenido que afecte la reputación de las personas o el ambiente laboral.

También se prohíbe compartir música, videos, programas u otros archivos protegidos por derechos de autor.

¿Cuánto tiempo tienen las instituciones para adaptarse?

La implementación será progresiva. Las entidades del Gobierno central, gobiernos regionales, universidades públicas y organismos autónomos tendrán hasta 12 meses para adecuarse. En el caso de los gobiernos locales, el plazo podrá extenderse entre 18 y 36 meses, dependiendo de su capacidad tecnológica.

Además, la PCM podrá ofrecer el servicio de correo institucional de forma gratuita a municipalidades que no cuenten con recursos suficientes.

¿Cuál es el objetivo final de la medida?

Con esta decisión, el Gobierno busca modernizar la gestión digital del Estado y reducir los riesgos de ciberataques. También pretende fortalecer la protección de datos públicos y promover una cultura de uso responsable de las herramientas tecnológicas en la administración pública.

La aplicación de esta norma marcará un cambio importante en la forma en que las entidades estatales manejan su comunicación digital en el país.