La medida entrará en vigencia el próximo 28 de junio de 2026 y tiene como objetivo reforzar las acciones del Estado frente al incremento de la criminalidad, el sicariato, las extorsiones y otros delitos de alto impacto.
La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 096-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y mantiene las medidas extraordinarias implementadas desde inicios de año para enfrentar la inseguridad ciudadana.
PNP mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas
Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas en las intervenciones destinadas a restablecer la seguridad.
El Poder Ejecutivo sustentó la ampliación del estado de emergencia en informes policiales que advierten la persistencia de una grave alteración del orden interno, debido al aumento de delitos violentos y la presencia activa de organizaciones criminales en ambas jurisdicciones.
Restricciones de derechos durante el estado de emergencia
Durante la vigencia de la medida, seguirán aplicándose las disposiciones excepcionales previstas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
Estas permiten la restricción de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal, en el marco de situaciones de emergencia.
Asimismo, actividades públicas como eventos religiosos, culturales y deportivos deberán contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes.
Informes policiales respaldan la decisión
La ampliación del estado de emergencia fue solicitada por la Comandancia General de la PNP mediante un oficio remitido el 22 de junio.
El pedido estuvo acompañado de informes reservados de las regiones policiales de Lima Centro y Callao, en los que se advierte la continuidad de delitos como homicidios, extorsiones y sicariato.
Estos indicadores reflejan un escenario de inseguridad que afecta a miles de ciudadanos en la capital y el primer puerto.
Operativos se realizarán bajo principios de legalidad y proporcionalidad
El decreto también establece que las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán realizarse bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La PNP será la encargada de definir las zonas de intervención, basándose en labores de inteligencia, estadísticas delictivas y mapas del crimen, con el objetivo de focalizar los operativos en las áreas con mayor incidencia delictiva.
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