La investigación se originó luego de que un reportaje revelara indicios de que la documentación presentada para su inscripción como candidata al Congreso en las Elecciones Generales 2026 contendría una firma y una huella dactilar presuntamente adulteradas.

El caso, que está a cargo de la Fiscalía de Tarapoto, ha generado atención debido a que la parlamentaria ya fue proclamada oficialmente y recibió sus credenciales como diputada por la región San Martín. Sin embargo, las diligencias continúan para determinar si existió alguna irregularidad durante el proceso de inscripción.

¿Por qué la Fiscalía investiga a diputada electa de Juntos por el Perú?

Según la investigación difundida por el programa Cuarto Poder, las pesquisas comenzaron a finales de mayo de 2026 y se centran en la declaración jurada de consentimiento presentada por Tapullima Insapillo para postular al Congreso.

Un informe pericial de la Policía concluyó que la huella dactilar consignada en dicho documento no coincide con los registros biométricos de la legisladora electa.

El peritaje señala que la impresión dactilar estampada con tinta azul "no procede del pulpejo dactilar de su titular" y que no guarda identidad con los dedos índices derecho e izquierdo de Jacqueline Tapullima.

La legisladora solicitó reprogramar su citación

Como parte de la investigación, las autoridades citaron a la diputada electa para verificar la autenticidad de su firma.

No obstante, la legisladora solicitó que la diligencia fuera reprogramada debido a que tenía previsto un viaje a Lima.

Posteriormente, presentó un escrito dirigido a la fiscal Georgette Araceli Pérez Gómez, responsable del caso, en el que comunicó que ejercerá su derecho constitucional a guardar silencio y no brindará declaración mientras duren las investigaciones.

Peritos advierten posibles irregularidades

El reportaje también consultó a un especialista en grafotecnia, quien analizó la firma cuestionada.

El experto concluyó que la rúbrica correspondería a una "imitación servil", es decir, una reproducción realizada intentando copiar la firma original.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que este tipo de situaciones no suele presentarse con frecuencia y advirtió que, de confirmarse la falsificación, podría configurarse un delito contra la fe pública.

El especialista indicó que las sanciones para este tipo de ilícitos pueden oscilar entre seis y ocho años de prisión cuando se trata de documentos públicos.

¿Puede perder su cargo como diputada?

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó que la situación jurídica de Tapullima Insapillo es distinta al proceso penal que actualmente enfrenta.

Precisó que, al haber sido proclamada oficialmente y recibir sus credenciales por parte de las autoridades electorales, su elección ya no puede ser anulada mediante este procedimiento.

Sin embargo, aclaró que ello no impide que la investigación fiscal continúe hasta determinar si existió responsabilidad penal por la documentación presentada durante su inscripción como candidata.

Mientras tanto, la Fiscalía de Tarapoto continúa recopilando pruebas para esclarecer si la firma y la huella utilizadas en la declaración jurada corresponden realmente a la diputada electa o si fueron incorporadas de manera irregular.