La situación legal de Piero Corvetto vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que la Contraloría revelara nuevas observaciones sobre las fallas ocurridas durante las elecciones del pasado 12 de abril. El abogado penalista Andy Carrión aseguró que este informe podría agravar el panorama jurídico del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debido a una presunta omisión en el control del proceso electoral.

¿Qué dice el informe sobre la situación legal de Piero Corvetto?

De acuerdo con el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en la contratación del servicio de transporte del material electoral a nivel nacional.

El documento señala que varias áreas de la solicitaron el servicio sin calcular correctamente la cantidad real de vehículos necesarios. Esta situación provocó retrasos en el traslado del material electoral y generó problemas durante la jornada de votación.

Las fallas afectaron directamente a 55 261 ciudadanos, quienes tuvieron dificultades para ejercer su derecho al voto. Incluso, en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, las elecciones tuvieron que extenderse hasta el día siguiente.

Sin embargo, muchos electores no pudieron regresar a sus centros de votación por segundo día consecutivo, lo que aumentó las críticas hacia la organización del proceso electoral.

¿Por qué el caso podría agravarse?

Durante una entrevista en el programa “Informamos y Opinamos”, Andy Carrión explicó que el denominado “Hecho 2” del informe incluye directamente a Piero Corvetto como una figura clave dentro de las presuntas omisiones detectadas.

Según el jurista, el documento sostiene que Corvetto no habría ejercido un adecuado control frente a las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral. Para el abogado, esta conclusión fortalece las investigaciones que ya realiza el Ministerio Público.

Carrión indicó que el informe no solo compromete a los funcionarios involucrados, sino que también coloca a Corvetto en una posición más delicada debido a su rol de máxima autoridad dentro de la institución electoral.

Contraloría pide acciones penales

La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar acciones penales contra los servidores y funcionarios que estarían involucrados en estas presuntas irregularidades.

Además, solicitó que el caso sea remitido a la Junta Nacional de Justicia para que evalúe las medidas correspondientes dentro de sus competencias.

Por otro lado, el actual titular interino de la, Bernardo Pachas, deberá adoptar acciones administrativas contra los trabajadores señalados en el informe.

La Contraloría remarcó que la investigación debe continuar debido a la afectación que sufrieron miles de ciudadanos durante la primera vuelta electoral.