La decisión del sistema judicial marca un nuevo episodio en la disputa entre el Congreso y la exfiscal de la Nación. El Poder Judicial concede apelación de Delia Espinoza contra la sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 10 años, una medida aprobada por el Parlamento a finales de 2025.

La resolución permite que el caso continúe su trámite en instancias superiores, donde se evaluarán los argumentos presentados tanto por la defensa de Espinoza como por la representación legal del Congreso de la República.

¿Por qué el Poder Judicial concede apelación de Delia Espinoza?

La controversia se originó tras la decisión del Congreso de aprobar la inhabilitación de Delia Espinoza por un período de diez años. La medida estuvo relacionada con presuntas infracciones constitucionales vinculadas a la emisión de una resolución fiscal durante su gestión.

Sin embargo, a finales de mayo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inaplicables las resoluciones legislativas que sustentaban dicha sanción.

El tribunal consideró que existían deficiencias en la argumentación utilizada para justificar la medida disciplinaria. Además, señaló que el informe parlamentario no explicó de manera suficiente cómo determinados actos administrativos podían constituir infracciones constitucionales.

¿Qué observó la Corte sobre el procedimiento realizado por el Congreso?

Uno de los puntos que llamó la atención de la Sala Constitucional fue la diferencia en el trato aplicado a distintos fiscales supremos que se encontraban en una situación similar.

Según la resolución, Delia Espinoza fue la única autoridad sancionada, mientras que otros magistrados vinculados al mismo contexto no recibieron medidas equivalentes.

Para el tribunal, esta situación generó cuestionamientos sobre la coherencia y uniformidad del procedimiento desarrollado por el Legislativo.

¿Qué busca Delia Espinoza con esta apelación?

La exfiscal de la Nación solicita recuperar plenamente los cargos que desempeñaba antes de la sanción. Entre ellos figuran las funciones de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.

Actualmente, Espinoza ejerce el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima para el período 2026-2027.

Su defensa sostiene que ella no participó directamente en la elaboración de algunos documentos que motivaron la denuncia constitucional presentada en el Congreso.

¿Qué ocurrirá ahora con el caso?

Tras la concesión de la apelación, el proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes. Allí se revisarán nuevamente los fundamentos legales de la sanción y los argumentos expuestos por ambas partes.

El Congreso, a través de su Procuraduría Pública, mantiene su posición y ha defendido la legalidad de la inhabilitación aprobada por el Pleno.

Por ello, la decisión final aún está pendiente. Lo que determinen los órganos judiciales superiores podría definir el futuro profesional y político de Delia Espinoza, además de establecer un importante precedente sobre los alcances de las sanciones constitucionales impuestas por el Parlamento.