El JNE vacó al alcalde de José Leonardo Ortiz luego de determinar que existieron elementos suficientes para acreditar una causal de nepotismo relacionada con la contratación de una familiar dentro de la municipalidad. La decisión alcanza a Elber Requejo Sánchez y revierte el acuerdo previo del concejo municipal que había rechazado su salida del cargo.
La resolución genera impacto político en uno de los distritos más importantes de la región Lambayeque y abre una nueva etapa en la conducción municipal.
¿Por qué el JNE decidió vacar al alcalde?
El Jurado Nacional de Elecciones concluyó que se configuró la causal de nepotismo luego de revisar documentación vinculada con la contratación de una familiar del burgomaestre.
De acuerdo con el expediente evaluado, la sobrina del alcalde, Nilda Cabrejos, fue designada como subgerente de Programas Sociales y Participación Vecinal mediante una resolución emitida por la comuna.
La apelación que impulsó el caso fue presentada por el ciudadano Ronald Gonzales, quien cuestionó que la autoridad continuara en funciones pese al presunto conflicto de intereses.
¿Qué determinó el organismo electoral?
Durante una audiencia virtual realizada el 15 de mayo, ambas partes presentaron argumentos y medios probatorios.
Tras analizar el caso, el máximo organismo electoral resolvió revocar el acuerdo del concejo distrital que anteriormente había rechazado la vacancia por falta de votos suficientes.
El fallo estableció que sí existieron condiciones para aplicar la causal contemplada en la ley.
¿Qué pasará ahora en José Leonardo Ortiz?
La salida de Elber Requejo Sánchez obliga a definir quién asumirá el liderazgo de la municipalidad en adelante.
La decisión también tomó relevancia porque días antes de conocerse el fallo, el entonces alcalde había solicitado licencia con la intención de participar en futuras elecciones para la alcaldía provincial de Chiclayo.
Caso genera repercusión política en Lambayeque
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones vuelve a colocar en debate los mecanismos de fiscalización dentro de gobiernos locales.
Además, refuerza el seguimiento a casos relacionados con presunto favorecimiento familiar en instituciones públicas, un tema que continúa generando atención ciudadana en distintos puntos del país.
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